El sistema jurídico europeo debe proporcionar una protección general, incluso en ámbitos sociales y económicos marginales. Entre la protección del consumidor en materia de crédito y la protección que se le brinda en el ámbito de experiencias existen, claramente, diferencias legales relevantes; por ejemplo, aparecen disposiciones inadecuadas solamente en los acuerdos de préstamo, mientras que en el ámbito de experiencias el consumidor no es percibido como una categoría especial.